Para muchos, fueron magros y preocupantes los resultados de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático (COP), que se llevó a cabo hace ya medio año en Copenhague.
El que sólo se haya logrado un compromiso sobre el límite del incremento de la temperatura de la atmósfera a dos grados, sin una definición, con carácter vinculante, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es algo que quedó por debajo de las expectativas en este paso dentro de un complejo y largo proceso de negociación.
En esa perspectiva, fue importante la propuesta que puso México sobre la mesa de las negociaciones para comprometer una reducción de 30% de sus emisiones para el 2020, condicionada a disponer de apoyo económico para llevarla a cabo, pero no sirvió para mover a otros actores con mayor peso a comprometerse con el mismo nivel y bajo las mismas condiciones de reducciones medibles y verificables.
Este resultado final sin compromisos de reducciones y sin el apoyo internacional que los apoyen, México se va a ver obligado a la acción relativamente inmediata, no sólo porque será sede de la siguiente COP, sino porque su condición de país petrolero exportador, con alta dependencia en los combustibles fósiles en su economía, se deteriora rápidamente: en muy pocos años -quizá al final de la presente administración y debido a la acelerada caída de la producción en el campo de Cantarell-, México va a ser deficitario en energía primaria.
En otras palabras, el resultado de Copenhague no es el que determinará el futuro energético de México, sino el hecho de que estamos ya demasiado cerca del momento en que dejaremos de tener petróleo para exportar (y cubrir los déficit presupuestales) y no vamos a poder satisfacer plenamente las necesidades internas, que hoy se cubren con lo que el país extrae del subsuelo en forma de hidrocarburos líquidos.
Esta situación, inminente e inevitable, únicamente podrá resolverse de dos maneras: importando esa energía primaria (y a crecientes precios internacionales) o mediante una producción sustituta de origen local, que nunca será más barata que la actual, por lo que dentro de muy poco vamos a tener que pagar más por la energía (ya sea directamente en la factura o a través de los impuestos que se cobran a algunos para que se cubran los subsidios de otros). Esto se va a reflejar, principalmente, en los costos de los energéticos para transporte, la generación de electricidad y el calentamiento de agua.
En este sentido, un posible escenario es que el gobierno, a un costo cada vez más oneroso para toda la economía, siga subsidiando los energéticos, como lo ha hecho por décadas y, en la última, con los dineros obtenidos de la exportación de petróleo. Este escenario, además de sumamente improbable, sería una solución suicida para una economía y un sistema fiscal que ya no puede sostener una carga de este tipo, pues implicaría subsidios por varios cientos de miles de millones de pesos.
Más bien, lo que se perfila (y se requiere) es que estos subsidios desaparezcan, al menos en la forma actual como se aplican. En su caso, los apoyos que el Estado mexicano destina a las familias más necesitadas deberán ser manejados de manera más focalizada y fuera de los mecanismos de la facturación energética. Así, por ejemplo, además de los apoyos económicos directos a las familias, se pueden dar otros en sistemas de transporte público subsidiados y/o en financiamiento, a tasas bajas o nulas, para el cambio de equipos que usan energía en el hogar.
Con esto, la rentabilidad de las alternativas al petróleo—como son los equipos y sistemas que utilizan energía renovable y el ahorro y uso eficiente de la energía—va a ser significativamente mayor y, en muchos casos, serán menores sus costos medidos en unidades energéticas, en cuanto a suministro, a las que se obtienen por combustibles fósiles o, en lo que se refiere al ahorro y uso eficiente de la energía, sus costos de amortización por unidades energéticas ahorradas resultarán menores a las de de las unidades energéticas compradas.
Así y como ejemplos de una gran variedad de alternativas, el calentar agua con energía solar—que ya es rentable en las condiciones actuales –será aún más atractivo; el generar electricidad con viento será más barato que hacerlo con plantas de ciclo combinado a gas natural, y aislar térmicamente las casas en regiones de clima cálido se pagará con los ahorros en menos de dos años.
Por supuesto, todas estas alternativas serán más atractivas por estar basadas en tecnologías maduras y ya probadas exitosamente durante muchos años, inclusive en nuestro propio país.
En otras palabras, no solamente por nuestro compromiso como país para combatir el cambio climático, sino también para poder responder a los retos que nos significa la caída de la producción petrolera, México debe aceptar que su modelo energético tiene que cambiar en mucho y muy pronto; que tenemos que dejar de pensar que todas las soluciones deben pasar por el Gobierno, o que las necesidades energéticas se tienen que resolver con derivados del petróleo; que las soluciones sólo son posibles con esquemas centralizados de grandes plantas de generación o que podemos seguir resolviendo el problema de la movilidad invirtiendo en segundos pisos para autos.
No obstante, no toda esta realidad y sus obligadas respuestas tienen un carácter negativo. La transformación que se necesita traerá consigo inversiones y actividad económica: lo que ahora extraemos del suelo lo sustituiremos (ya sea evitando su uso o aprovechando otras fuentes de energía) con materiales que habrá que producir, transformar y transportar; equipos que se tendrán que ensamblar e integrar; y sistemas que habrá que diseñar, construir y operar.
En síntesis, además de quitarnos la dependencia del petróleo y reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, la transformación del actual modelo energético traerá consigo nuevos empleos, tan necesarios en nuestro país.
Fuente:http://www.funtener.org.mx/
